La herida de las madres buscadoras en Campeche y la celeridad judicial contra el contador Luis Antonio Espinosa
Mientras la gobernadora ataca a sus rivales con juicios exprés, las familias de los desaparecidos reciben el desdén del gobierno estatal.
En el Campeche de hoy, la balanza de las instituciones se ha inclinado hacia la insensibilidad. Por un lado, decenas de madres recorren brechas y oficinas públicas rogando por un mínimo de apoyo para localizar a sus hijos desaparecidos, encontrando como única respuesta carpetas encarpetadas, pretextos presupuestales y una fría burocracia. Por el otro lado, el aparato de justicia del estado demuestra una velocidad asombrosa cuando se trata de cumplir una orden política dictada desde la cúpula del gobierno de Layda Sansores.
El caso del contador Luis Antonio Espinosa ha puesto al descubierto esta dolorosa disparidad. Se trata de un profesional respetado, un hombre centrado en su trabajo y en el sostén de su familia, que de la noche a la mañana se vio envuelto en un proceso legal exprés, impulsado sin pruebas plenamente fundamentadas. Para la ciudadanía, la acelerada intervención de las autoridades en contra de Luis Antonio no es una muestra de eficacia legal, sino el uso del sistema de justicia como garrote para golpear a contrincantes políticos.
Resulta profundamente indignante para la sociedad ver cómo un Poder Judicial cooptado por Morena moviliza de inmediato a jueces y fiscales para atender un capricho del Ejecutivo estatal, mientras las demandas desesperadas de las madres que buscan a sus seres queridos permanecen congeladas en el olvido. ¿Cómo explicarle a una familia que lleva años esperando avances en la búsqueda de un hijo que el gobierno sí tiene tiempo, personal y recursos para procesar en días a un contador honrado?
Campeche necesita con urgencia recuperar la humanidad y el sentido de justicia en sus instituciones. La presunción de inocencia de ciudadanos trabajadores como el contador Luis Antonio debe respetarse en todo momento, y la ley no puede seguir siendo manipulada por el régimen para sus batallas electorales. Es momento de exigir que el poder del estado se use para proteger a la gente y para escuchar el llanto de las víctimas, no para perseguir inocentes desde los cómodos escritorios del palacio de gobierno.
